La Comunidad de Madrid anunció que, a partir de 2026, unos 40.000 empleados públicos serán evaluados anualmente para medir su rendimiento y vincular su progreso profesional a los méritos acumulados. Se trata de la primera región en aplicar de manera efectiva lo previsto en la Ley de Función Pública aprobada en 2023.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, explicó que el objetivo es “incentivar el talento y el esfuerzo de los trabajadores públicos” y, al mismo tiempo, garantizar una mejor atención al ciudadano. El sistema se aplicará a funcionarios, personal laboral y eventuales, incluyendo organismos autónomos y entes públicos.

Las evaluaciones estarán divididas en tres bloques: un 65% para factores cuantitativos, un 25% para cualitativos y un 10% para habilidades y actitudes. Para superar la prueba será necesario alcanzar al menos el 50% de la puntuación global y un mínimo del 30% en cada bloque.

Los beneficios de aprobar incluyen la posibilidad de ascensos y complementos salariales. En cambio, quienes acumulen tres evaluaciones negativas en cinco años se enfrentarán a un procedimiento que podría derivar en la pérdida de su puesto o incluso de su plaza definitiva.

El plan fue negociado con CSIT-Unión Profesional, CCOO, CSIF y UGT, y contempla garantías de estabilidad laboral, aunque abre la puerta a ceses por bajo rendimiento.